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02
Dom, Oct
3 minutos de lectura ( 541 palabras)

Una ley justa pero tardía

No creo que muchos que hoy la critican se hayan leído, mucho menos estudiado, la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Y digo esto porque una vez analizada no entiendo muchas de las críticas.

Algunos dicen que no servirá para ahorrar, sin embargo el que su principio rector sea "una administración una competencia" es un ahorro seguro a las arcas de los ayuntamientos. Es más, al asumir las comunidades las competencias que tenían los consistorios en relación a la educación, la sanidad y los servicios sociales, se conseguirá que, de llegar a un convenio para que sean los entes locales los que realicen alguna de ellas, estos deberán contemplar una financiación del 100% por parte de la administración delegante, esto es de la autonomía.

Tampoco supone la "privatización" de ningún servicio público, como algunos aseguran. No aparece ningún dato en la ley que pueda avalar tal afirmación y desde luego no se podrá hacer nada nuevo que no se contemple ahora mismo en la ley de contratos del sector público.

Se prevén también garantías de sostenibilidad financiera y supervisión de los ayuntamientos, medidas que a mi juicio son correctas y aunque quizá lleguen tarde, ya que hoy por hoy, la administración más saneada es sin duda la local, pero que sienta las bases para que situaciones como las vividas sean más complicadas de volver a ver.

Y entre otras cosas previstas por la Reforma de la Administración Local, se prevé también un control de las retribuciones de los cargos políticos y número de asesores y concejales con dedicación exclusiva, que se ha ido suavizando -creo que con acierto- puesto que parece razonable en situaciones de crisis como la que atravesamos.

Sin embargo, en este aspecto creo que en alguna medida se ha sido injusto a la hora de poner en la diana en primer -y por ahora- único lugar, a unos cargos políticos como son los concejales y alcaldes que en casi el 80% de los casos ni siquiera cobran y que parece se les ha señalado como culpables de una situación de crisis que ellos no han creado y que sin embargo, han sabido atajar mejor que otros responsables de otras administraciones.

Valga como ejemplo Galapagar: la aplicación de esta ley en mi municipio mejora la situación actual, ya que según estipula la reforma podríamos pasar de los 2 cargos de confianza actuales hasta los 7 asesores, y pasar también de los 49.000€ brutos que cobra el Alcalde hasta los 55.000€ aproximadamente que podría llegar a cobrar; igualmente, de los 8 concejales con dedicación exclusiva que hay en la actualidad, podríamos llegar hasta los 10, tal y como permitiría la nueva ley.

Pero el caso, es que más allá de lo que estipule esta reforma, queda constatado que nosotros, como otros muchos ayuntamientos, ya hemos hecho los deberes hace tiempo y nuestros recortes están incluso por debajo de lo que ahora quiere establecer Mariano Rajoy.

Por todo ello, a grandes rasgos la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local es una ley positiva que ayudará sin duda alguna a racionalizar y mejorar la situación de los ayuntamientos de España.

Ahora le toca al gobierno poner orden a las comunidades autónomas y... ¿a sí mismo? Veremos.

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