La irrupción del taxi eléctrico en la Comunidad de Madrid constituye un paso de extraordinaria importancia para la mejora de la calidad del aire y, por tanto, de la calidad de vida de los ciudadanos de esta región. La entrega del primer vehículo cien por cien eléctrico realizada hace sólo unos días por Ignacio González expresa la importancia que el Gobierno autonómico otorga a esta materia y el papel preponderante que ocupa la defensa y protección del medio ambiente en su acción de gobierno.

El sector del taxi, como el sector del transporte en su conjunto, aparece marcado en rojo en la agenda del Ejecutivo regional a la hora de acometer medidas para la mejora de la calidad del aire. La Estrategia fijada hasta 2020 reserva una de cada tres medidas a este sector, y 7 de ellas se dirigen directamente a la promoción de tecnologías limpias.

El objetivo es que dentro de seis años los 16.500 taxis que operan en la Comunidad de Madrid utilicen estas tecnologías. Son únicamente el 0.5% del parque automovilístico madrileño, y sin embargo generan alrededor del 14% de las emisiones de NO2 y 410 toneladas de NOx.

El transporte, de manera global, es el principal agente contaminante, responsable del 45% de las emisiones de CO2 y del 68% de NOx. Pero es en las grandes flotas, con millones de kilómetros recorridos cada año, donde está el quid de la cuestión. Operar sobre ellas resulta estratégico si queremos reducir verdaderamente los niveles de contaminación.

En ese convencimiento el Gobierno regional ha comprometido un millón de euros anuales hasta 2020 para favorecer la transformación de esa flota de taxis, en su inmensa mayoría de gasóleo, por otros con tecnologías menos contaminantes.

La extraordinaria acogida mostrada por los profesionales ha validado una apuesta política que debe contribuir a ese objetivo global que pasa por reducir en siete años 30.000 toneladas de contaminantes.

Sólo en 2014, cerca de 600 taxistas han renovado sus vehículos por otros "limpios" gracias a las ayudas aportadas por la Comunidad de Madrid, que oscilan entre los 1.000 y los 6.000 euros, cantidad máxima destinada a los vehículos cien por cien eléctricos. Su traducción directa en términos de calidad del aire viene a ser una reducción de más de 11 toneladas de NOx y 2.580 de CO2 al año.

Si pensamos en lo que sumaría una acción similar ejecutada en otras flotas, sobre todo en las de reparto, tenemos razones más que fundadas para ser optimistas y una clara línea de trabajo. Por eso entendemos como vital el esfuerzo de la Administración, en este caso regional, para favorecer la movilidad eléctrica, esfuerzo y liderazgo que está al mismo tiempo incentivando una industria que poco a poco va abaratando también sus productos y que con el tiempo tiene que resultar accesible para todos los ciudadanos.