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Catalunya y la (i)legitimidad del régimen

Martes, 30 Septiembre 2014 en Política España
La reciente suspensión del proceso consultivo catalán por parte del Tribunal Constitucional reabre una grieta que forma parte de la esencia de nuestro modelo de convivencia y que apunta directamente a la legitimidad democrática de la Constitución de 1978.
Ni que decir tiene que no todas las constituciones son iguales. Existen constituciones que reconocen derechos a grupos tradicionalmente sometidos, constituciones formalistas que no ahondan en el reconocimiento material de derechos, constituciones que rompen política y jurídicamente con el régimen anterior o constituciones que consolidan mayorías. En todo caso, para poder hablar de constituciones democráticas debemos partir de la premisa del reconocimiento de la soberanía popular. Un concepto que algunos pretenden pervertir pero que indudablemente conlleva atribuir al pueblo (y sólo al pueblo) el poder de decidir bajo qué condiciones quiere vivir. Desde esta óptica, la Constitución debiera ser la materialización de un poder originario, soberano y directo, mediante el cual los ciudadanos expresaran su voluntad de dotarse de unas determinadas reglas de convivencia. Una legitimidad original que justificaría el valor superior de la Constitución en el ordenamiento jurídico, subordinando la acción de los poderes que de ella emanan a sus relgas y principios. Por tanto, la legitimidad de la Constitución para reglar la acción de los poderes del Estado vendría determinada por el proceso constituyente que la precede, auténtica expresión de soberanía popular y máxima fuente de legitimidad de las normas. Y es precisamente en este punto en el que la pacífica convivencia entre los constitucionalistas estalla por los aires y nos ubica a unos y a otros en posiciones aparentemente irreconciliables.
A mi modo de ver (y al de cada día más gente) en España nunca hubo un auténtico proceso constituyente. La norma de 1978 no fue producto de un proceso netamente democrático sino de un acuerdo entre las élites políticas y económicas del tardo-franquismo. Un proceso dirigido públicamente por unas Cortes carentes de legitimidad para acometer una transformación de estas características, con independencia de la dirección que esta hubiera tomado. Frente esta concepción meramente estética de la democracia constitucional, cabrían multitud de vías alternativas que en todo caso partirían de un hecho incontestable: la soberanía popular como fundamento constitucional. Ello nos lleva a afirmar, sin ningún género de dudas, que sin una Asamblea Constituyente nombrada por los ciudadanos mediante un referéndum con todas las garantías y libertades, no podemos hablar de un proceso constituyente sino más bien de una simple sucesión de regímenes políticos.
Debemos recordar que los que ahora apelan a la indivisibilidad de la soberanía popular son los mismos que acordaron la elaboración de una Constitución sin un mandato popular expreso. Resulta paradógico que a los ciudadanos de una unidad territorial, administrativa y cultural diferenciada como Catalunya (aspectos reconocidos en la propia Constitución de 1978) no tengan derecho a participar en una consulta no vinculante en un asunto que es de su especial incumbencia y, sin embargo, una camarilla de políticos y empresarios sí pudiera abrir un proceso contituyente en 1977 carente de toda garantía democrática. Resulta que la concepción de la soberanía de PP y PSOE cambia con el viento.
Estamos ante un problema político de una profundidad mucho mayor de la que pretenden considerar tanto PP como PSOE. La realidad que subyace tras la manifestación de millones de catalanes por el derecho a decidir rebasa los límites del independentismo tradicional y señala directamente a un régimen político fallido que no satisface las necesidades de las personas y de los pueblos. Por esta razón no haríamos bien en considerar que la voluntad de buena parte de la sociedad catalana de soltar amarras con el Estado es una manifestación particularmente catalana. La traducción de este anhelo de cambio profundo en la “pequeña España” lo han representado en los últimos tiempos otros movimientos como el 15-M, las mareas o Podemos.
La maniobra del Gobierno para frenar el proceso democrático catalán tiene mucho de electoralista y no persigue una resolución del conflicto sino su permanencia. Rajoy es consciente que, tras la pérdida de credibilidad de su formación respecto de los sectores más derechizados como consecuencia de la retirada de la ley del aborto, necesita encontrar un nuevo (o viejo) adversario frente al que aglutinar a sus bases. Entre tanto, un PSOE colapsado por una pérdida de apoyo social continuada y compitiendo abiertamente con Podemos, se ofrece al Gobierno para luchar codo con codo contra el fin del bipartidismo. Un giro que le puede salir caro Pedro Sánchez.
El referéndum en Catalunya representa una prueba de fuego para todas los movimientos antirrégimen. Nos encontramos ante la posibilidad de desbordar el marco impuesto por PP y PSOE, impugnar definitivamente una Constitución con un gran déficit democrático y demostrar que la voluntad popular no sólo puede cambiar gobiernos, sino también transformar sistemas.
Última modificación en Martes, 30 Septiembre 2014

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